El 3 de noviembre de 1995, la ciudad Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, era destruida por una serie de explosiones ocurridas en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones Militares.
A las 8:55 de aquella mañana, tres detonaciones desencadenaron la tragedia que dejó siete muertos (ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios.
Las dos primeras explosiones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros. La onda expansiva alcanzó varios kilómetros y 30.000 proyectiles cayeron sobre hogares y escuelas. Los ciudadanos del lugar escaparon, algunos, incluso, hasta pueblos vecinos.
La tarde de ese viernes de noviembre del ’95, el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, se apersonó en el lugar y, en conferencia de prensa, afirmó que el hecho era producto de «un accidente» y, acto seguido, procedió a descartar cualquier tipo de ataque intencional y/o atentado contra la planta productiva que llegó a integrar el Grupo Metal de la ex-Dirección General de Fabricaciones Militares.
Finalmente, Menem habló de cara a los periodistas que allí se habían acercado y remarcó: «Tienen la obligación de difundir esa palabra». Años después, se supo que el hecho estuvo destinado a encubrir un faltante de material bélico enviado por contrabando a Ecuador y Croacia.
La investigación judicial.
Poco después del desastre, la Justicia comenzó a investigar lo sucedido. La primera de las hipótesis apuntaba a un accidente, ocasionado por un desperfecto en el uso de montacarga. En consecuencia, un tambor con trinitrotolueno o TNT se prendió fuego.
Sin embargo, las pericias técnicas determinaron que el trinitrotolueno no puede estallar por acción de las llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador. Por ende, debió de ser accionado por una mano humana.
Junto a ello, y a partir del testimonio de lugareños quienes tuvieron la suerte de salir ilesos de las explosiones, se pudo reconstruir que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares.
Dichos personajes habrían ingresado con el objetivo de «acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones» afirma la investigación.
No sería la única prueba de la intencionalidad del hecho ya que se suma la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero.
Uno de los últimos detalles que terminó de confirmar que el ataque fue coordinado recayó en la ausencia de dos importantes figuras: Tanto el director como el subdirector de la fábrica, se ausentaron de la empresa para viajar a Buenos Aires.
Contrabando de armas.
Las explosiones fueron el escenario perfecto para encubrir el tráfico de armas. Entre 1991 y 1995, el Gobierno de Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
El armamento de origen argentino vinculado con estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar como fuerza de paz en Croacia, en la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.
Todo ello se vio potenciado también por el papel de Argentina como garante de un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, naciones que a principios de 1995 se enfrentaron en un conflicto armado por una disputa de límites territoriales latinoamericanos.
En esos años, cañones, obuses y proyectiles eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran embarcados en puertos para ser destinados al lugar requerido.
Durante el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero comenzaron a demandar su reintegro.
Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones en la fábrica donde se encontraban almacenados. Dicha información pudo ser corroborada a partir del inventario.
Culpables del atentado.
El Tribunal Federal 2 concluyó que la voladura del sector de la Fábrica Militar que se dedicaba a la producción y carga de proyectiles de guerra fue “intencional, programado y organizado”, con el objetivo de ocultar las maniobras de ventas ilegales de armamento a Croacia, que entre 1991 y 1995 el Estado argentino otorgó, a través de Fabricaciones Militares y con la planta de Río Tercero como centro operativo.
El fallo estableció la culpabilidad en un “aparato de poder” diseñado para lograr el ocultamiento de pruebas. Pero las condenas sólo se dirigieron a los mandos medios de esa presunta organización.
En este juicio fueron condenados por estrago doloso seguido de muerte Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.
El ex-presidente Carlos Menem fue beneficiado tras distintas apelaciones y absuelto en la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia hace tres años.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba fijó como fecha el 24 de febrero de 2021 para el inicio del juicio oral y público donde Menem era el único acusado -como único imputado- de estrago doloso por su responsabilidad en estos hechos. Vale recordar que el ex mandatario falleció el 14 de febrero de este año, a los 90 años.
