De este modo, el exsecretario de Obras Públicas quedó condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión, una multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas al exsecretario de Obras Públicas José López y a sus testaferros en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le siguió al exfuncionario que en 2016 fue sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
De este modo, López quedó condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión (la pena vence el 14 de diciembre del 2023), multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua y los empresarios Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez a la pena de ejecución condicional de 2 años y 6 meses de prisión, con una multa del 50% del valor del enriquecimiento.
Con el fallo que lleva la firma de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci se confirmó también el decomiso de la residencia de López de la localidad de Dique Luján, en Tigre, el del dinero y objetos incautados (8.982.047 dólares y 153.610 euros; además de 159.114 pesos), que se dirigen al Hospital Garrahan y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica para los niños/as y adolescentes del país.
El secuestro del dinero que López llevaba en bolsos se produjo en la madrugada del 14 de junio de 2016 en el monasterio “Nuestra Señora de Fátima”, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Los argumentos de la condena
Según la sentencia condenatoria, López urdió un plan para ocultar el dinero y los valores en el convento -donde arribó a una carabina calibre 22mm, con mira telescópica -aprovechándose del estrecho vínculo que había establecido con las monjas de ese monasterio.
El tribunal estableció que también se benefició junto con su mujer con la mansión ubicada en Dique Luján y para ello se valió de dos empresarios como testaferros: Andrés Galera, con quien guardaba una relación personal y además estaba ligado a la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano, y Eduardo Gutiérrez, presidente del Grupo Farallón y dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción.
