Rodolfo Aguiar cuestionó la «discrecionalidad» de la que disponen las autoridades en el Estado como empleadores para definir la dotación óptima de personal en un organismo. «Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», criticó.
El gremialista pidió que los empleados estatales no sean utilizados «como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas» y cargó contra la nueva normativa: «Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
Por ese motivo, Aguiar aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Asimismo, el sindicato elevó una solicitud a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, para que informe:
- La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional (desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario
- La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha
- Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
En la demanda, ATE alegó que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”. Y solicitó suspender la aplicación de la nueva regulación.
