El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una «serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica» como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.
Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
El marco normativo busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad«.
El primer objetivo del proyecto consiste en: «establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica«.
El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, «consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos«.
