Ahora San Juan es un diario digital que se caracteriza por no tratar temas policías que inducen al morbo, al amarillismo y sensacionalismo. Desde este medio creemos que se puede hacer otro tipo de periodismo sin dar lugar a esas noticias que impactan en lo más profundo del ser para generar odio y más violencia.
Sin embargo, durante el fin de semana surgió una situación de la cual no nos podemos permitir mirar para otro lado y pasar por alto un hecho que conmueve a todo el país y exige respuestas inmediatas.
Lucio Dupuy, un niño de 5 años de La Pampa, murió el viernes pasado a causa de una golpiza en un hospital de Santa Rosa. Por el crimen fueron detenidas su madre y la pareja de ella. El padre, Christian Dupuy, sostiene haber denunciado previamente situaciones de abuso y violencia contra el niño, pero la Justicia le dio la tenencia a ella. También hubo vecinos que informaron a la policía de la situación.
Caso Lucio: la Justicia y el Gobierno provincial, en la mira por las supuestas denuncias previas.
Mientras sigue la conmoción en La Pampa y el país por el asesinato del chico de cinco años, Lucio Dupuy por el que están detenidas la madre, Magdalena Espósito, y su novia, Abigail Páez, el caso salpica a la justicia provincial, a la policía pampeana y a varios altos funcionarios provinciales. El motivo: las supuestas denuncias previas y la responsabilidad estatal de no haber detectado o haber ignorado los episodios que dejaban entrever la situación de violencia a la que estaba expuesto el nene que murió el viernes pasado.
En búsqueda de una muestra de celeridad en la investigación, este lunes 29 por la mañana el Ministerio Público Fiscal de La Pampa informó que le dará prioridad a la investigación preparatoria para esclarecer la muerte del niño. Para ello, se creó un equipo especial conformado por la fiscala Verónica Ferrero y los fiscales Walter Martos y Marcos Sacco, todos titulares de Fiscalías especializadas en delitos de violencia familiar y de género.
Mientras tanto, el juez de Control, Daniel Ralli, decidió que las dos acusadas lleguen detenidas al juicio: Espósito, la madre de Lucio, está acusada de homicidio calificado por el vínculo mientras que Páez, por homicidio simple. Ambas fueron trasladadas anoche a la provincia de San Luis.
Respecto a la pesquisa, se pudo reconstruir que en un principio se centraría en esclarecer la muerte mientras que, a medida que se avanza, también se investigará la pata estatal del caso. Es que desde un primer momento hubo fuertes cuestionamientos al rol de la Justicia provincial, de la Policía de La Pampa y de varios funcionarios ejecutivos, que por acción u omisión no pudieron evitar el horroroso crimen.
A propósito de ello, la familia de Cristian Dupuy, padre de la víctima, insiste con que hubo varias actuaciones judiciales y policiales previas en las que advertían sobre la situación del nene pero no fueron escuchados. Sin embargo, llamó la atención un fragmento de la carta de despedida que escribió este domingo el papá de Lucio en las redes sociales, donde en medio del dolor expresó: «Me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo, y yo sin saberlo. Ahora es tarde».
Desde el entorno familiar ratificaron la existencia de actuaciones documentadas en formato papel y dijeron que todo ese material fue puesto a disposición del abogado de la familia. Con el inicio de la investigación, pretenden que sea incorporado a la causa para investigar el nivel de responsabilidad de los Juzgados de Menores que habrían trabajado con el conflicto por la tenencia del nene.
¿Quienes son los funcionarios apuntados en La Pampa?
Además de la pata judicial, también están en la mira al menos tres funcionarios del gobierno provincial. Por ahora, en eso interviene el Poder Legislativo.
El primero de los apuntados es Juan Pablo Meaca, titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, quien concurriría entre hoy y mañana a la Cámara de Diputados ante un acuerdo que se termina de pulir por estas horas entre el oficialismo y la oposición.
Una vez en la sede legislativa, el funcionario deberá confirmar si hubo o no intervención de su dependencia en el caso, al tiempo que también lo consultarán sobre si tenía conocimiento de la actuación de otros organismos estatales en la situación de Lucio. De profesión abogado, Meaca tiene 48 años y está desde el 2014 a cargo de la Defensoría.
En segunda instancia, también está en la mira el rol del ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio di Nápoli. Su interpelación es exigida por la oposición, aunque el bloque oficialista Frejupa también acompañaría. «Resulta necesario saber qué pasó antes y si esta forma de proceder es habitual, porque (…) el accionar de la Policía de La Pampa, dependiente del Ministerio de Seguridad, frente a diferentes llamados de vecinos al 101, genera interrogantes básicos como si en algún momento intentaron tomar medidas de protección a la víctima«, argumentaron en el pedido.
Los otros dos funcionarios que están en la mira son el ministro de Educación, Pablo Maccione, y el de Desarrollo Social, Diego Álvarez.
En el primer caso, los legisladores buscarían conocer si hubo alguna señal de advertencia de la violencia hacia Lucio en el ámbito escolar. Maccione, en su cargo desde 2019, es un licenciado en Ciencia Política de bajo perfil que sólo se muestra públicamente en actos oficiales.
De acuerdo a fuentes legislativas, la indagación de Álvarez, en tanto, buscaría conocer si el equipo de asistentes sociales de la Provincia tuvo alguna intervención o realizó algún diagnóstico sobre la situación socioambiental del nene fallecido, o qué se hizo desde la dependencia al respecto.
El rol de la Policía de La Pampa.
Por otra parte, a propósito de la responsabilidad policial, una de las pruebas que se incorporaría a la interpelación del ministro de Seguridad es la captura de un chat de WhatsApp en el que una vecina de la casa donde vivía Lucio le pedía a otra persona que llame a la Policía porque Espósito y Páez le estaban pegando al nene.
Más temprano, el jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinao, le dijo a El Diario que el aviso que refleja el chat efectivamente ocurrió el 25 de agosto pasado, y admitió que la presencia policial «no dejó nada» porque hubo una equivocación en la dirección de la casa y los efectivos no pudieron encontrarla.
El comisario a cargo de la fuerza provincial fue, llamativamente, el primero que admitió que la familia paterna del nene había iniciado actuaciones. «Lo que hay son actuaciones tanto del padre, de los tíos y de la madre pero relacionadas con la tenencia. Notificaciones que se hicieron de diferentes trámites. Y hay otro expediente pero por un impedimento de contacto por parte de la madre a la familia paterna, sólo eso«, minimizó.
Si bien la Justicia provincial debe investigarse a sí misma y a funcionarios del Ejecutivo provincial, está descartado que se pida el apoyo o la intervención de la Justicia Federal. Sin embargo, fuentes judiciales adelantan que podría pedirse al Ministerio de Seguridad el apoyo de fuerzas federales como la Policía Federal para avanzar en un eventual relevamiento de la actuación de la fuerza provincial
/Perfil.
